"Las acciones descubiertas por nuestra investigación son simplemente inexcusables", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Vamos a someter a todo aquel que se aproveche de neoyorquinos vulnerables. Usando cada una de las herramientas a disposición de nuestra oficina, nos aseguraremos de que los enfermos seann tratados con el respeto que se merecen".
Con el consentimiento de sus familiares, la Unidad de Control contra el Fraude de Medicaid del Fiscal General (MFCU) instaló cámaras de video para supervisar el personal dl Centro de Rehabilitación y Cuidado Extendido Northwoods, en Troy. A lo largo de un período de seis semanas en el 2009, la investigación reveló casos en que el personal fue negligente y puso peligro al paciente.
El residente no fue atendido o recibió medicamentos, y los trabajadores no revisaron la incontinencia del residente ni le cambiaron la ropa interior durante largos períodos de tiempo. Además, los registros médicos de los residentes fueron falsificados por los acusados para ocultar su negligencia. Una asistente de un médico también creó un registro falso de un examen médico anual que nunca sucedió.
La declaración de culpabilidad de Smith refleja sus acciones como empleada de Northwoods. Ella admitió que el 7 de marzo de 2009, falsifico registros médicos para establecer que había dado los medicamentos a un residente, cuando en realidad no lo hizo. El 23 de marzo de 2009, Smith, otra vez con documentos falsos, dijo que le había aplicado el ungüento a un residente con herida abierta, pero no lo había hecho. También admitió poner en peligro el bienestar de los residentes al no tratar adecuadamente la llaga abierta y no proporcionar servicios oportuno, consistente, seguro, adecuado y apropiado para el residente.
Smith, una residente de Schenectady de 37 años de edad, hizo la declaración de culpabilidad ante el Honorable Robert Jacon en la Corte del Condado de Rensselaer de dos cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, delitos de clase E, un cargo de Poner en Peligro el Bienestar de una Persona Discapacitada, un delito menor clase A, y un cargo de Violación Deliberada de la Ley de Salud Pública, un delito menor no clasificado. Un delito mayor clase E tiene una pena máxima de cuatro años de prisión y los delitos menores tienen una pena máxima de un año de cárcel.
Este es el más reciente de los casos en el que la Fiscalía General ha utilizado cámaras ocultas para obtener pruebas y procesar a los trabajadores de salud por maltratar a los pacientes. La oficina es líder nacional en el uso de cámaras ocultas para investigar el abuso y el abandono de los pacientes en hogares de ancianos. Hasta la fecha, 30 empleados de hogar de ancianos han sido condenados sobre la base de grabaciones de video. Además, un propietario de una corporación de hogar de ancianos fue declarado culpable y otros que han sido demandados civilmente han llegado han decidido llegar a acuerdos con la oficina del Fiscal General, todo como resultado de investigaciones con cámaras de video.
Este caso comenzó con cargos contra seis personas licenciadas en la práctica de enfermería y siete auxiliares de enfermería certificados que incluyó múltiples cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, un delito mayor clase E, Poner en peligro el Bienestar de una Persona Discapacitada, un delito menor clase A, y Violación Intencional de la Ley de Salud Pública, un delito menor no clasificado. Una persona asistente de un médico fue acusada con uno de cada uno de los cargos mencionados anteriormente.
Un Gran Jurado del Condado de Rensselaer acusó a nueve trabajadores de cuidado de salud en septiembre de 2010. Seis personas con licencia de práctica de enfermería y dos auxiliares de enfermería certificados fueron acusados de múltiples cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, Poner en Peligro el Bienestar de una Persona con Discapacidad Física y Violación deliberada de la Ley de Salud Pública.
Seis auxiliares de enfermería certificados se declararon culpables de varios cargos de falsificación de registros de negocios en Segundo Grado, un delito menor clase A, poner en peligro el bienestar de una persona con Discapacidad Física y Violación deliberada de la Ley de Salud Pública. Todos ellos han entregado sus certificados y pagado multas.
Todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia.
Este caso está siendo procesado por la asistente especial del Fiscal General Kathleen Boland de la oficina de MFCU en la Oficina Regional de Albany, bajo la supervisión del Director Regional de Richard Harrow y la Vice Fiscal General de MFCU Mónica J. Hickey-Martin. La investigación fue realizada por la analista médico confidencial Karen Patterson, RN, Investigador Principal Especial Erik Podszus, Investigador Especial Dawn Scandaliato, Supervisor Especial investigador William Erdogan, y la Investigadora Asociada Especial de Auditoría, Joanna-Joy Volo.
Schneiderman: Vamos a someter a todo aquel que se aproveche de neoyorquinos vulnerables.
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