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Incautan 330 kilos de cocaína y detienen a 6 dominicanos en Puerto Rico


San Juan

Autoridades federales incautaron 330 kilos de cocaína y detuvieron a 6 ciudadanos dominicanos que intentaban introducir la droga a través de la costa noroeste de Puerto Rico, informó hoy en conferencia de prensa la jefa de la Fiscalía federal en la isla, Rosa Emilia Rodríguez. La funcionaria señaló que los 6 dominicanos fueron detenidos por agentes de la Guardia Costera la noche del pasado martes cuando fue interceptada una embarcación artesanal en las cercanías de la costa de Aguadilla, localidad del noroeste de Puerto Rico. 

Rodríguez apuntó que la cantidad incautada hubiera alcanzado en el mercado negro cerca de 8 millones de dólares y que 4 de los detenidos tenían antecedentes por intentar entrar ilegalmente a Puerto Rico.

Los detenidos ingresaron en el Centro Metropolitano de Denuncias del municipio de Guaynabo sin derecho a fianza.

EFE

El servicio de inmigración recibiría miles de millones con la reforma migratoria

Activistas advierten que por ahora nadie page nada a nadie porque el Congreso no ha aprobado nada

Un informe elaborado por el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano –CAP-) reveló que si el Congreso aprueba una reforma migratoria amplia y el presidente Barack Obama la promulga, las arcas del servicio de inmigración estadounidense se llenarían con varios miles de millones de dólares en corto tiempo.

Según datos del Pew Hispanic Center (PEW, un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el número de indocumentados en Estados Unidos es de 11 millones y la mayoría es originaria de América Latina.

El CAP sitúa el número de extranjeros sin papeles en 13 millones.

Si se toman en cuenta las actuales tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), y el plan de reforma migratoria demócrata patrocinado por un grupo de senadores demócratas (que incluye una vía regulada de legalización), cada indocumentado debería pagar:
   - Multa para iniciar el proceso: $1,000
   - Multa al pedir la residencia: $1,000
   - Formulario I-485 (ajuste de estado) : $985
   - Formulario I-765 (permiso de trabajo) $380
   - Toma de huellas digitales: $85
   - Total: $3,450
Si después de cinco años pide la ciudadanía, deberá pagar otros $595 más $85 por la toma de huellas digitales.

De acuerdo con los datos del PEW y del DHS -que en Estados Unidos viven 11 millones de indocumentados-, la reforma migratoria dejaría a las arcas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) $37,950 millones. Y si se agrega la ciudadanía, el monto se eleva a $45.430 millones.

Y si se toma en cuenta la cifra aportada por el CAP –que 13 millones de indocumentados podrían legalizar sus permanencias en Estados Unidos si se aprueba la reforma migratoria-, y se considera el trámite mínimo a llevar a cabo para legalizar cada una de las permanencias, la USIS recibiría $44,850 millones. Y si se agrega la ciudadanía, el monto a recaudar sería de $52,330 millones.

Puede que sea mucho más


Los ingresos en las arcas de la USCIS fueron calculados sobre la base de las actuales tarifas de la USCIS.

Abogadlos consultados por Univision.com advierten que el monto sólo se trata de un "supuesto", que el Congreso "todavía no ha aprobado nada", que "nadie debe pagar nada a nadie" en estos momentos y que la cifra "puede variar dependiendo de cada caso en particular".

Por ahora el Congreso tiene sobre la pesa dos proyectos de ley. Uno, presentado por el congresista Lamar Smith (republicano de Texas), quien recomienda criminalizar la estadía indocumentada y favorecer la deportación de indocumentados. Un segundo plan, patrocinado por un grupo de senadores demócratas encabezado por Bob Menéndez (Nueva Jersey), incluye una vía de legalización regulada para indocumentados que, entre otros requisitos, carecen de antecedentes criminales y hablan inglés.

Para ser aprobada, la reforma migratoria necesita 218 votos en Cámara de Representantes y 60 en el Senado. Los republicanos –que controlan la Cámara- han dicho que no apoyarán el proyecto, mientras que en el Senado, controlado por los demócratas con 51 asientos sobre u total de 100, no tienen el número de apoyos necesarios.

A la cifra establecida sobre la base de mínimos, habría que agregar otra serie imprevistos, tales como:

   - Gastos de representación de abogado en caso que el indocumentado tenga problemas con la justicia.
   - Gastos de envío de documentos a la USCIS.
   - En aquellos casos en que el servicio de inmigración niegue el trámite y el extranjero apele un fallo, deberá contratar a un abogado y llenar el formulario I-290B, que actualmente tiene un costo de $630 por cada apelación. Y el trámite sólo puede hacerse en un plazo no mayor a los 30 días de recibir la sentencia o el dictamen de un trámite.
No de un dólar a nadie

Abogados y activistas que defienden los derechos de los inmigrantes advirtieron a la población indocumentada que por ahora no hagan nada, no paguen nada, no envíen nada, no gestionen nada porque el congreso no ha aprobado nada.

Y que cualquier persona que les ofrezca una residencia basado en la reforma migratoria está mintiendo.

El Center for American Progress (CAP) dijo que en los primeros tres años de una reforma migratoria se aumentarían los ingresos fiscales en $4.5 mil millones, cifra que representa un excelente incentivo para la economía de Estados Unidos.

Cabe recordar que cada dos años el USCIS aumenta sus tarifas.
La última alza se registró el 23 de noviembre de 2010.

Denuncian programa antiinmigrante en NY

 
NUEVA YORK.- Basados en documentos del gobierno federal, organismos civiles denunciaron la falta de transparencia que caracteriza al programa Comunidades Seguras, responsable de la deportación de cientos de miles de personas de territorio estadunidense.
El programa, que según los grupos humanitarios fomenta la impunidad y la violación de derechos civiles de inmigrantes, ha sido la punta de lanza de la estrategia migratoria del presidente Barack Obama, que en dos años ha deportado más gente que nunca en la historia de Estados Unidos.
Desde hace unos meses, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha asentado que el programa es obligatorio, y que deberá operar en todo el país en el año 2013.
Sin embargo, documentos del gobierno federal conocidos el miércoles pasado mediante una solicitud formal de acceso a la información pública, revelan que la administración establecía al principio que el programa sería optativo para las jurisdicciones en Estados Unidos.
Asimismo, las 15 mil hojas de documentos difundidos por la Red Nacional de Jornaleros, el Centro de Derechos Constitucionales y la Clínica de justicia migratoria Cardozo sugieren que es posible evitar el programa si una jurisdicción tiene el apoyo de su gobierno estatal.
“Es la gran pregunta que existe en torno a este tema y me temo que no tengo la respuesta. Me parece que es posible que las jurisdicciones trabajen con el gobierno estatal para limitar el intercambio de información con otras agencias”, expresó Sunita Patel, abogada del Centro de Derechos Constitucionales.
En entrevista con Notimex, Patel explicó que para evitar implementar Comunidades Seguras, una ciudad como Nueva York, declarada refugio de inmigrantes, debe presionar a las autoridades estatales para que ellas indiquen al gobierno federal que una de sus jurisdicciones no se integrará el programa.
Voceros de la ICE, sin embargo, han sostenido en los últimos meses que el programa debe aplicarse sin excepciones, lo que marca un claro cambio en sus condiciones iniciales.
“Yo creo que el gobierno federal dio inicialmente la opción de evitar adoptar el programa, porque era la manera de lograr que muchos estados acordaran sujetarse a él, debido a que se les ofrecía una manera de rechazarlo parcialmente”, declaró Patel.
De acuerdo con los grupos que los difundieron, los documentos revelan que la ICE presentó “declaraciones engañosas” al “Congreso, los estados, funcionarios locales y hasta de manera interna”.
Según información del gobierno federal, a principios de febrero, Comunidades Seguras operaba en mil ocho de las tres mil cien jurisdicciones que hay en Estados Unidos, en 38 estados de la Unión.
El objetivo es deportar a los inmigrantes que tengan antecedentes criminales en Estados Unidos, por lo que las policías locales comparten información sobre los detenidos en su custodia con la ICE, que revisa su historial.
En parte debido a este programa, el año pasado fueron deportadas 393 mil personas de Estados Unidos, el mayor número de expulsados en la historia, mientras que para 2011 el organismo se ha impuesto la meta oficial de 404 mil deportaciones.
No obstante, de acuerdo con estudio de organismos independiente, 70 por ciento de los individuos deportados no cuenta con antecedentes penales o cometieron sólo faltas administrativas.
Organismos civiles han denunciado, además, que Comunidades Seguras fomenta el perfil racial, la impunidad en los abusos de la policía contra inmigrantes, y que muchos indocumentados omitan denunciar crímenes.
Asimismo, de acuerdo con Patel, no existe ninguna evidencia de que el programa haya reducido el crimen en Estados Unidos, o haya hecho más seguras a las comunidades donde funciona.
Pese a su relevancia para la vida de cientos de miles de personas, la ICE ha optado por mantener un alto de grado de opacidad en torno al programa y sus condiciones de implementación.
“Los correos electrónicos internos muestran cómo las agencias del gobierno manipularon sus respuestas a preguntas hechas por el Congreso, medios de comunicación y legisladores locales. Este nivel de engaño es contrario a las nociones fundamentales de un gobierno transparente”, enfatizó Patel.

Redadas digitales causan miedo en comunidad inmigrante


La noticia reciente del despido de cientos de trabajadores de la cadena de restaurantes de comida mexicana Chipotle Mexican Grill Inc., tras una "redada digital" del servicio de inmigración, encendió las alarmas en la comunidad inmigrante.
Este jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que envió notificaciones de inspección a 1,000 empresas en Estados Unidos y advirtió que los agentes examinarán con especial esmero los documentos de contratación para detectar la posible presencia de indocumentados.

Las "redadas digitales" o "redadas silenciosas" se incrementaron a mediados de 2009 y forman parte de la política migratoria de la Administración del Presidente Barack Obama. A partir de entonces, se han ejecutado más de 3 mil inspecciones y se han investigado a miles de trabajadores y emitido multas por más de $7 millones.

Entre las empresas más reconocidas donde se han efectuado este tipo de batidas se encuentran las cadenas Walmart y McDonalds, la fabricante de rosquillas Krispy Kreme y las tiendas de ropa Abercrombie and Fitch, pero cualquier empresa por pequeña que sea está expuesta a ser verificada.

¿Qué pasa con los despedidos? ¿Son confiables los datos del gobierno? Si hay despidos injustificados, ¿qué puede hacer un trabajador afectado?

No son iguales, pero…

A diferencia de las batidas tradicionales, donde cientos de agentes federales llegaban a un lugar, lo cercaban y procedían a arrestar a los empleados que no pudieran demostrar que tenían papeles para vivir y laborar en el país, ahora una unidad especial de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) revisa los datos de identidad de millones de  trabajadores y compara sus identidades en una gigantesca base de datos que opera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Si cualquiera de los datos del empleado no concuerda con la información del gobierno, el empleador recibirá una carta del DHS advirtiéndole del problema. Y si el trabajador no aclara la diferencia, es despedido y el patrono se libra de una multa.

Pero la pregunta es: ¿Y si los datos almacenados por el gobierno no estaban correctos? ¿Qué ocurre con los derechos del trabajador despedido?

Cuestionan los datos

"Nos cuestionamos si la información guardada por el Gobierno federal está correcta", advirtió Juan Vega, Coordinador de Inmigración del Centro Latino de Chelsea, Boston, Massachussetts. "Hemos visto muchos casos en el pasado reciente que el sistema de datos federal está lleno de errores y ha originado toma de decisiones que en muchos casos no son legales".

Uno de esos casos fue el polémico programa federal No Match (No Concordancia) surgido en 2007 bajo la administración del ex presidente George W. Bush. Consistía en verificar la identidad de los trabajadores con la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA). SI la información no coincidía, el trabajador recibía una carta y se le fijaba un plazo para aclarar el error. SI no respondía dentro de un plazo de hasta 90 días, el empleador procedía a su despido y el servicio de inmigración lo arrestaba y le iniciaba un proceso de deportación.

Fallo judicial

Una demanda entablada por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) permitió que una corte de California congelara el proyecto porque su ejecución podía causar "muchas dificultades" a las empresas y a sus empleados, y porque los demandantes demostraron "que serán dañados de manera irreparable [los derechos de trabajadores] si (...) se permitía implementar la norma".

El gobierno insistió y logró, al fin de cuentas, imponer un método alterno que tiene el mismo propósito: frenar la inmigración indocumentada. Fortaleció el programa conocido como E.Verify, en el que los empleadores, de manera voluntaria, se inscriben a través de Internet y, por medio del Formulario I-9, le piden a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que verifique la identidad del trabajador.

Durante el proceso la USCIS consulta las bases de datos del DHS, el SSA y el FBI. Si aparece una anomalía o un dato diferente, el DFHS le notifica al empleador y éste a su vez al trabajador, quien tiene un plazo de hasta 90 días para aclarar el problema.

“Una de nuestras principales dudas viene cuando nos preguntamos si las empresas están dejándose llevar las informaciones del gobierno y si tenemos la certeza que esos datos son correctos. No tenemos certidumbre si las informaciones almacenadas por el USCIS están cien por ciento actualizadas", advirtió Vega.

"Si hay un error y la persona fue despedida erróneamente, ¿cómo reclaman sus derechos?”, se preguntó el activista. “También da lugar a que se incrementen los abusos por parte de empleadores inescrupulosos”, agregó.

Medidas anti inmigrantes: El desastre de 2011


Cornelius, Carolina del Norte- Tal como se anticipaba, el torrente de propuestas legislativas contra los inmigrantes indocumentados se ha desgajado con un caudal formidable en los albores de este 2011.

No había concluido enero, apenas se acababan de inaugurar las sesiones en los senados y las cámaras de representantes de los estados del país, y ya las estadísticas de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL) señalaban que se habían presentado más de 600 resoluciones y medidas antiinmigrantes.

En Carolina del Norte, el representante estatal republicano, George Cleveland, introdujo un proyecto de ley que vedaría el ingreso de estudiantes indocumentados a los colegios comunitarios y las universidades del estado.

En Arizona, el senador estatal republicano, Ron Gould, y su copartidario, el representante estatal, John Kavanagh, están impulsando legislación encaminada a negarle la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos.

En Carolina del Sur, Colorado, Dakota del Sur, Georgia, Kentucky, Misisipi y Tenesí, se introdujeron propuestas de ley similares a la SB 1070 de Arizona, que criminaliza a los indocumentados.

Se prevé que en más de 14 estados se siga el ejemplo de Arizona con el tema de desconocerle la nacionalidad a los hijos de indocumentados y que las copias de la SB 1070 se extiendan para discusión en más de 18 legislaturas estatales.

El entusiasmo de los antiinmigrantes con la tendencia es tal que la organización Americanos por la Inmigración Legal, ALIPAC, con sede en Raleigh, Carolina del Norte, lanzó la campaña denominada Batalla de los Estados 2011, para cooperar con la aprobación de medidas que motiven al éxodo masivo de los indocumentados.

Los datos recopilados por ALIPAC indican que ya se han presentado medidas estatales en contra de los "ilegales" en: Arkansas, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maryland, Misisipi, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nueva York, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Tenesí, Texas, Virginia, Virginia Occidental, Washington, y Wyoming.

Durante 2010 se presentaron más de 1,400 proyectos de ley y resoluciones estatales en contra de los inmigrantes con el resultado de 208 leyes aprobadas y 138 resoluciones adoptadas. Diez propuestas adicionales fueron vetadas.

Para entender la extensión del ambiente antiinmigrante a lo largo y ancho del país se debe tener en cuenta que las medidas fueron aprobadas en 46 estados y el Distrito de Columbia.

En 2010, en 21 estados se adoptaron 26 medidas legislativas para impedir que los indocumentados pudieran obtener licencias de conducir u otro tipo de identificación. En 11 estados se pasaron 17 leyes para restringir el acceso de los inmigrantes a la educación superior u otros servicios educativos. En 20 estados se aprobaron 27 leyes para impedir que los indocumentados lograran empleo u otros beneficios relacionados con el trabajo.

Pero no sólo la hiel está saliendo de los organismos estatales, en el Capitolio, en Washington, los senadores republicanos Rand Paul, de Kentucky, y David Vitter, de Luisiana, presentaron una resolución que plantea cercenarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados nacidos en territorio estadounidense.

También en el Capitolio, pero en la Cámara de Representantes, el congresista republicano de Texas, Lamar Smith, quien preside el Comité Judicial, propuso como solución al desempleo deportar a los indocumentados y lanzar una cacería implacable en los sitios donde trabajan los inmigrantes.

Smith espetó la perla un día después de que el presidente Barack Obama abogó por la legalización de los estudiantes indocumentados y solucionar el problema migratorio con una reforma integral, durante su discurso sobre el estado de la Unión.

Creo que está en manos del exgobernador de la Florida, Jeb Bush, y del liderazgo tolerante republicano, bajarle el tono a la corriente antiinmigrante que está dominando a ese partido. Un político republicano como él tendría que convertirse en el abanderado de legalizar a los 11 millones de indocumentados.

Recientemente, durante un evento de la organización no partidista Coalición Latinoamericana de Charlotte, Jess George, su directora ejecutiva, hizo un vehemente llamado a la "sensatez" en el debate que vive el país sobre el tema migratorio. Sensatez es lo que falta en este trágico 2011.

Nueva Investigación Examina el Vínculo entre la Pobreza y la Inmigración de los Latinoamericanos

WASHINGTON, 2 de febrero de 2011 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A pesar de los niveles sin precedentes de gasto de EE.UU. en la vigilancia de la frontera con México, la inmigración no autorizada o ilegal en los Estados Unidos continúa. Aquí, hay millones de empleos que los trabajadores legales no llenan, - incluso en tiempos de recesión. La pobreza y las carencias son los principales impulsores para que los latinoamericanos busquen una mejor vida en Estados Unidos. La nueva investigación del Instituto de Pan Para el Mundo, "Desarrollo y Migración en el México Rural", examina los vínculos entre la pobreza y la desigualdad en el México rural y la inmigración no autorizada.
"El hambre y la pobreza, son las conductoras que estimulan la inmigración no autorizada en Estados Unidos, y son a menudo causas ignoradas en el debate sobre la inmigración", dijo Andrew Wainer, analista de la política de inmigración del Instituto de Pan Para el Mundo. "Con el fin de abordar de manera integral las políticas de reforma de inmigración, Estados Unidos tiene que poner en práctica proyectos de ayuda al exterior que promuevan el desarrollo".
"Desarrollo y Migración en el México Rural" destaca el caso del proyecto "Por un Mercado Justo"  que se lleva a cabo en la región Chihuahua, México. Su objetivo es aumentar los ingresos en zonas rurales y crear empleos para los pequeños agricultores de manzanas. El proyecto efectivamente disminuyó la pobreza y la migración a Estados Unidos por promover el desarrollo agrícola y los suministros de asistencia técnica a los pequeños agricultores.
"Más de la mitad de las áreas rurales mexicanas viven en la pobreza y el 25 por ciento vive en la pobreza extrema", agregó Wainer. "Las investigaciones muestran que la agricultura es uno de las mejores inversiones con excelentes ganancias en términos de reducir la pobreza.  La inversión en los pequeños agricultores de México generaría empleo rural y reduciría la pobreza y la migración".
La mayoría de las estimaciones sugieren que hay entre 10.8 millones y 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La mayor parte -el 80 por ciento- provienen de América Latina; México es la única fuente de al menos 58 por ciento de los inmigrantes de los Estados Unidos sin autorización.

Medidas anti inmigrantes tienen alto costo para EE.UU.


Washington- Las medidas anti inmigrantes en el Congreso y en jurisdicciones locales tienen un alto impacto económico y político, según reportes divulgados hoy por el Centro para el Progreso Americano (CAP) y America's Voice.

Los hispanos se han convertido en los "chivos expiatorios" en comunidades de mayoría blanca afectadas por el elevado desempleo, la caída de los ingresos tributarios locales y estatales por la Gran Recesión y el hacinamiento en las escuelas, según un informe del CAP.

Indicó que el boicot económico contra Arizona por la ley anti inmigrante SB 1070 le costará 253 millones de dólares en su producción económica y más de 86 millones de dólares en salarios perdidos en los próximos dos a tres años.

La ciudad de Riverside, en Nueva Jersey, gastó 82 mil dólares en abogados y perdió ingresos comerciales por su ahora cancelada ordenanza antiinmigrante que buscaba multar a quienes alquilaban vivienda o contrataban a indocumentados.

Hazelton, en Pensilvania pagó 2.8 millones de dólares para defender su ley anti inmigrante en las cortes, aunque algunos calculan la cifra en cinco millones de dólares, y Farmes Branch, en Texas, gastó 4 millones de dólares.

El condado de Prince William, en Virginia, redujo duras medidas contra los inmigrantes luego de verificar elevados costos para defenderla en corte, mientras que la ciudad de Fremont, en Nevada, aumentó impuestos para cubrir los gastos que podría incurrir en los tribunales.

Mark Potok, del Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur, manifestó que las medidas anti inmigrantes están creando un "sendero de lágrimas" en las comunidades locales y que no existen intentos sinceros de regularizar la inmigración.

Por otro lado, el reporte del Fondo de Educación de America's Voice señaló que republicanos como Lamar Smith, Elton Gallegly y Steve King, que ocuparán importantes puestos en la Cámara de Representantes, intentarán endurecer las leyes de inmigración.

Los republicanos cambiaron el nombre al subcomité de Inmigración, Ciudadanía, Refugiados, Seguridad Fronteriza y Ley Internacional, que ahora se llamará subcomité de Política y Aplicación de la Ley de Inmigración.

El cambio de nombre refleja las nuevas prioridades de los republicanos con un método de "solo aplicación de la ley con la meta de sacar del país a 11 millones de inmigrantes indocumentados y sus familias", denunció el informe.

Precisó que los republicanos justifican sus posiciones al afirmar que buscan la seguridad de los trabajadores estadunidenses, pero que en el pasado han votado en contra de medidas que buscaban favorecer los derechos laborales, como el incremento del salario mínimo.

Smith, Gallegly y King están impulsando políticas de grupos calificados como racistas por el Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur, que en el pasado han culpado a los inmigrantes por el calentamiento global, la crisis de vivienda y el sistema de salud, de acuerdo con el reporte.

Agregó que organizaciones como la "Coalición para el Futuro del Trabajador Estadunidense" están usando el desempleo como una excusa para rechazar a los inmigrantes.

El informe indicó que esas medidas de los republicanos les puede afectar en futuras elecciones entre la creciente población hispana votante y que si no cambia de rumbo, se podría convertir en un partido minoritario y sin posibilidades de ganar la Casa Blanca.

Si los republicanos "están serios" sobre la creación de trabajos, deben apoyar una reforma migratoria integral que permita acceso a servicios médicos y protecciones laborales, dijo en una teleconferencia la vicepresidenta de la central sindical AFL-CIO, Arlene Holt-Baker.

El secretario del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Eliseo Medina, sostuvo por su parte que espera que el presidente Barack Obama mencione el tema de inmigración en su informe anual de gobierno este martes.

NO MÁS LICENCIAS PARA INDOCUMENTADOS


Dallas- La gobernadora Nuevo México, Susana Martínez, pidió a la legislatura estatal que comenzará a sesionar esta semana, la derogación de una ley que permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir.

Martínez, quien se convirtió en la primera gobernadora hispana de una entidad estadunidense, prometió durante su campaña política que pondría fin a la emisión de licencias de conducir a indocumentados.

El vocero de la gobernadora republicana, Scott Darnell, señaló que Martínez tiene dos metas en materia de las licencias de conducir.

"En primer lugar, quiere detener la práctica de emitir licencias de conducir a inmigrantes ilegales y, en segundo, apoya revocar las licencias a los inmigrantes ilegales que ya la han recibido ", precisó.

Nuevo México, Utah y Washington son los únicos tres estados donde los solicitantes de licencias de conducir no están obligados a probar que son residentes legales en Estados Unidos.

Nuevo México empezó a emitir licencias para conducir a indocumentados en 2003, luego de que la legislatura estatal aprobó una ley que autorizaba a extranjeros obtener este documento.

El entonces gobernador Bill Richardson, quien con su firma respaldó la legislación, dijo que la ley promovía la seguridad vial al identificar debidamente a los conductores y al eliminar obstáculos que les impedían circular sin seguro de protección.

La División de Vehículos de Motor de Nuevo México emite una licencia de conducir a un ciudadano extranjero que reside en esa entidad si este presenta al menos dos documentos de identidad.

En el caso de los inmigrantes mexicanos, uno de los documentos que se acepta es la matricula consular emitida por los consulados de México en Albuquerque o El Paso, así como el certificado de nacimiento o de matrimonio, si este se realizó en Estados Unidos.

Desde que la ley entró en vigor, unos 82 mil 700 inmigrantes indocumentados han tramitado su licencia de conducir en esa entidad.

El documento no solo autoriza a los indocumentados a conducir automóviles, sino que funciona como una identificación oficial, además de le permite al indocumentado adquirir un seguro para su auto y de esa forma estar cubiertos en caso de accidente.

Organizaciones que promueven un mayor control de la inmigración demandan poner fin a la emisión de licencias para indocumentados, al sostener que esta práctica les concede de manera implícita un estatus de residencia en el país.

Los opositores señalan que una licencia de conducir es casi como un pasaporte al conceder varios beneficios a quienes la poseen como el abrir una cuenta de banco y otros servicios.

El representante estatal republicano Bill Rhem dijo que planea presentar a la legislatura de Nuevo México un proyecto de ley para dar a los indocumentado un plazo de cinco meses para que entreguen sus licencias, que serían sustituidas por "permisos de conducción".

Dichos permisos no serían aceptados como identificación, como ocurre ahora con la licencia, sino sólo para conducir un automóvil.

Bajo la iniciativa de Rhem, todas las licencias de conducir que estén en manos de indocumentados se cancelarían a partir del enero de 2012.

El deseo de Martínez, quien asumió el cargo como gobernadora, el pasado 1 de enero, de revocar la ley parece seguir una tendencia nacional a lo largo de la última década.
Notimex

Republicano Propondrá negar ciudadanía a hijos de indocumentados


Washington- El senador de Arizona y presidente electo de la cámara alta estatal, Russell Pearce, propondrá el próximo miércoles un proyecto de ley para negar los derechos de la ciudadanía a los hijos de los indocumentados.

A pocos días de asumir su cargo, Pearce anunciará, en el Club de Prensa de Washington, un proyecto para modificar el artículo 14 de la Constitución, el cual garantiza la ciudadanía a todos los nacidos en territorio estadunidense.

De acuerdo con reportes de prensa, legisladores de unos 14 estados del país, que se suman al menos a otros siete estados, planean medidas similares a la ley SB1070 de Arizona, que criminaliza la inmigración ilegal.

El senador declaró el jueves pasado a la cadena Fox News que el artículo 14 se aplicaba inicialmente para favorecer a los afroamericanos, pero la medida "no tiene nada que ver con los ilegales".

Pearce impulsó en el pasado una ley en Arizona que revoca la licencia de negocios a las firmas que contratan a trabajadores indocumentados, sobre la cual la Corte realizó argumentos orales el pasado 8 de diciembre.

El director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, rechazó ese tipo de medidas al indicar que los legisladores estatales republicanos deben evaluar sus responsabilidades de gobierno tomando en cuenta a las crecientes comunidades latinas y asiáticas del país.

Aumentan Tarifas de Inmigración

Las tarifas de inmigración de Estados Unidos subirán este martes una media de un 10 por ciento, anunció hoy la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
La nueva política del USCIS, prevista en junio, afectará a todas las solicitudes de servicios migratorios dentro del país con la excepción del formulario N-400, necesario para pedir la ciudadanía, que mantiene su precio anterior de 595 dólares.
En cambio, el certificado de ciudadanía (N-600) aumenta un 29 por ciento, hasta costar 600 dólares, mientras que el trámite para solicitar la residencia temporal (I-687) sube de 710 a 1.130 dólares.
Sin embargo, convertir una residencia temporal en permanente será un 23 por ciento más barato que antes, ya que el formulario I-698 baja de 1.370 a 1.020 dólares.
También desciende el precio del formulario migratorio de las personas prometidas en matrimonio a un residente o ciudadano (I-129F), que pasa de 455 a 340 dólares, pero pedir la entrada de un familiar será, en cambio, más caro (de 355 a 420 dólares, con el formulario I-130).
El precio del permiso de trabajo (I-765) aumentará 40 dólares, hasta los 380, mientras que pedir un duplicado de la tarjeta de residencia ("Green Card") costará 365 dólares y no 290 como hasta ahora.
Además, obtener un visado de inmigrante costará 165 dólares en lugar de ser gratis como hasta ahora, mientras que el coste de los documentos de viaje aumentará de 305 a 360 dólares, y el de solicitar a niños adoptados aumentará de 670 a 720 dólares.
USCIS, que extrae el 90 por ciento de su presupuesto de las cuotas derivadas de los formularios migratorios, justifica el incremento de precio en su incapacidad para cerrar la brecha entre los costes y los ingresos de esos trámites.
La agencia, que arrastra un déficit de cerca de 160 millones de dólares, asegura que efectúa la subida como consecuencia de la revisión de su estructura de tarifas que inició el año pasado, y que debe realizar periódicamente para determinar si está recuperando debidamente sus gastos de infraestructura.
"Somos conscientes del impacto de un incremento en las tarifas para las comunidades a las que prestamos servicio y hemos trabajado duro para minimizar los incrementos, a través de recortes presupuestarios y otras medidas", aseguró en junio Alejandro Mayorkas, director de USCIS.
La agencia introduce también mañana el primer formulario para solicitar una dispensa de pago de las tasas, el I-912, que promete estandarizar y agilizar los procedimientos de conflicto entre el solicitante y la administración.
"El desarrollo del nuevo formulario de renuncia a las tasas demuestra nuestro compromiso para hacer mejoras a través de una colaboración extensa con el público", dijo hoy Mayorkas en un comunicado.

Dice venden niños haitianos para extraerles órganos

El Servicio Jesuita de Refugiados y Migrantes denunció este sábado la venta en la frontera de niños haitianos para adopción y la extracción de sus órganos, cuya transacción oscila entre los 20 mil y dos millones de pesos, según publicó en un informe.

Mientras que el sub – director de Migración, Miguel Santos Román reconoció que el problema de la inmigración ilegal de haitianos hacia República Dominicana se hace en complicidad con autoridades de ambas naciones.

Santos Román dice que, a pesar de que desde punto legal los tramites migratorios son menos costosos, los haitianos prefieren la ilegalidad para pasar a territorio dominicano.


Los datos del Servicio Jesuita precisan que los haitianos pagan entre dos y nueve mil pesos para cruzar la frontera.


El organismo publicó un informe en el que arroja cifras alarmantes sobre la trata y el tráfico de personas en República Dominicana, sobre todo en la frontera.


Esa situación se agudizó aun más tras el terremoto que sacudió la haitiana el pasado 12 de enero, señala el estudio.


Un informe del Servicio Jesuita revela que hasta febrero de este año, los niños haitianos que se vendían para la utilización de sus órganos, costaban dos millones de pesos.




Sin embargo, indica para ser adoptados los menores se comercializaba a 20 mil pesos.


Gloria Amezquita, del organismo, deplora la falta de aplicación en la Ley 137 – 03 sobre migración en el país.

FUENTE.EL CARIBE


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