Vinicio A. Castillo Semán
El Senado de la República aprobó de urgencia la ley orgánica del Tribunal Constitucional, tratando de quitarle facultades que le han sido dadas en la Constitución de la República en su Artículo 184, que expresa textualmente:
“Artículo 184.- Tribunal Constitucional.
Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria”.
El texto constitucional antes transcrito no admite discusión alguna, en cuanto a que la última palabra en materia constitucional del país estará en manos del Tribunal Constitucional y que sus decisiones son “vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”. Por lo tanto, cualquier ley adjetiva que procure menoscabar ese poder es nula de pleno derecho y no tendrá efecto jurídico alguno.
Es claro que si hubiera sido interés de la asamblea constituyente excluir las decisiones del poder judicial del control del Tribunal Constitucional, resulta obvio que dicha excepción hubiera sido consignada de forma expresa en la nueva Constitución. En este sentido, resulta importante resaltar que esa excepción, que hoy se procura realizar mediante ley, fue objeto de una gran discusión en el seno de la asamblea y la opinión pública, ya que nuestro distinguido profesor Jorge Subero Isa, Presidente de la Suprema Corte de Justicia, planteó abiertamente su posición oficial al seno de la asamblea, la que, actuando con plena soberanía, desoyó e hizo caso omiso de dicha posición, aprobando las atribuciones del Tribunal Constitucional sin la excepción antes citada.
Soy de los que cree que si la Cámara de Diputados comete la barbaridad de ratificar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional aprobada en el Senado y ésta es promulgada por el poder ejecutivo, estamos, desde el punto de vista institucional, armando una bomba atómica que sí nos va a conducir al “choque de trenes” vaticinado por el doctor Jorge Subero Isa, ya que, con sobrada razón, el Tribunal Constitucional que se creará en corto plazo, se declarará competente para el control de la constitucionalidad de los actos del poder judicial, declarando la inconstitucionalidad del contenido de su Ley Orgánica que le ha pretendido cercenar una atribución que emana de la Constitución de la República.La otra violación que ha pretendido consumar el Senado de la República es desechar la opinión de la Comisión de Juristas encargados por el Poder Ejecutivo para el Anteproyecto de la Ley Orgánico del Tribunal Constitucional, que encabeza el Dr. Mariano Germán y el Dr. Abel Rodríguez del Orbe, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, en cuanto a los límites de edad para ser miembro del Tribunal Constitucional.
El Anteproyecto enviado por el Ejecutivo al Senado establece de forma correcta que el límite de edad para formar parte del Tribunal Constitucional es el mismo exigido para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, ya que es la Constitución de la República la que ordena que las condiciones para ser miembro del Tribunal Constitucional son las mismas que las requeridas para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, en el Senado de la República se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, suprimiendo el tema de la edad límite, lo que demuestra claramente la existencia de un laborantismo pernicioso que procura desconocer la exigencia de los 75 años establecida en la Constitución de la República, para llevar al Tribunal Constitucional a jueces que van a salir en las próximas semanas de la Suprema Corte de Justicia por razones de edad.
Al Presidente Leonel Fernández, padre prohijador del nuevo texto constitucional y de todos los cambios institucionales que ésta prevé, le hacemos humildemente un llamado para que impida, con su innegable liderazgo político, que su criatura jurídica, tan promisoria e importante para la fortaleza institucional futura del país, no sea dañada al nacer, por intereses particulares o politiqueros, que nada tienen que ver con la suerte de esta nación.
Si en cosas tan importante como la precedentemente planteada empezamos dando traspiés y torciendo desde su nacimiento el árbol sembrado, es previsible esperar que el mismo crezca torcido, rodeado de controversia y de falta de credibilidad, aumentando el descreimiento y la falta de confianza de la ciudadanía frente a su aparato institucional.
Ojalá el presidente Fernández y el Comité Político del PLD, como fuerza dominante en el Congreso Nacional, tomen conciencia de lo clave de la importancia futura de estos sensibles aspectos institucionales. Si no lo hacen, podrían estar malogrando lo que históricamente está llamado a ser uno de sus mayores logros en materia de cambios, como lo es la aprobación y promulgación de la nueva Constitución de la República.
Santo Domingo, R.D., lunes, 27 de diciembre de 2010.
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