Washington- Las medidas anti inmigrantes en el Congreso y en jurisdicciones locales tienen un alto impacto económico y político, según reportes divulgados hoy por el Centro para el Progreso Americano (CAP) y America's Voice.
Los hispanos se han convertido en los "chivos expiatorios" en comunidades de mayoría blanca afectadas por el elevado desempleo, la caída de los ingresos tributarios locales y estatales por la Gran Recesión y el hacinamiento en las escuelas, según un informe del CAP.
Indicó que el boicot económico contra Arizona por la ley anti inmigrante SB 1070 le costará 253 millones de dólares en su producción económica y más de 86 millones de dólares en salarios perdidos en los próximos dos a tres años.
La ciudad de Riverside, en Nueva Jersey, gastó 82 mil dólares en abogados y perdió ingresos comerciales por su ahora cancelada ordenanza antiinmigrante que buscaba multar a quienes alquilaban vivienda o contrataban a indocumentados.
Hazelton, en Pensilvania pagó 2.8 millones de dólares para defender su ley anti inmigrante en las cortes, aunque algunos calculan la cifra en cinco millones de dólares, y Farmes Branch, en Texas, gastó 4 millones de dólares.
El condado de Prince William, en Virginia, redujo duras medidas contra los inmigrantes luego de verificar elevados costos para defenderla en corte, mientras que la ciudad de Fremont, en Nevada, aumentó impuestos para cubrir los gastos que podría incurrir en los tribunales.
Mark Potok, del Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur, manifestó que las medidas anti inmigrantes están creando un "sendero de lágrimas" en las comunidades locales y que no existen intentos sinceros de regularizar la inmigración.
Por otro lado, el reporte del Fondo de Educación de America's Voice señaló que republicanos como Lamar Smith, Elton Gallegly y Steve King, que ocuparán importantes puestos en la Cámara de Representantes, intentarán endurecer las leyes de inmigración.
Los republicanos cambiaron el nombre al subcomité de Inmigración, Ciudadanía, Refugiados, Seguridad Fronteriza y Ley Internacional, que ahora se llamará subcomité de Política y Aplicación de la Ley de Inmigración.
El cambio de nombre refleja las nuevas prioridades de los republicanos con un método de "solo aplicación de la ley con la meta de sacar del país a 11 millones de inmigrantes indocumentados y sus familias", denunció el informe.
Precisó que los republicanos justifican sus posiciones al afirmar que buscan la seguridad de los trabajadores estadunidenses, pero que en el pasado han votado en contra de medidas que buscaban favorecer los derechos laborales, como el incremento del salario mínimo.
Smith, Gallegly y King están impulsando políticas de grupos calificados como racistas por el Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur, que en el pasado han culpado a los inmigrantes por el calentamiento global, la crisis de vivienda y el sistema de salud, de acuerdo con el reporte.
Agregó que organizaciones como la "Coalición para el Futuro del Trabajador Estadunidense" están usando el desempleo como una excusa para rechazar a los inmigrantes.
El informe indicó que esas medidas de los republicanos les puede afectar en futuras elecciones entre la creciente población hispana votante y que si no cambia de rumbo, se podría convertir en un partido minoritario y sin posibilidades de ganar la Casa Blanca.
Si los republicanos "están serios" sobre la creación de trabajos, deben apoyar una reforma migratoria integral que permita acceso a servicios médicos y protecciones laborales, dijo en una teleconferencia la vicepresidenta de la central sindical AFL-CIO, Arlene Holt-Baker.
El secretario del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Eliseo Medina, sostuvo por su parte que espera que el presidente Barack Obama mencione el tema de inmigración en su informe anual de gobierno este martes.
Los hispanos se han convertido en los "chivos expiatorios" en comunidades de mayoría blanca afectadas por el elevado desempleo, la caída de los ingresos tributarios locales y estatales por la Gran Recesión y el hacinamiento en las escuelas, según un informe del CAP.
Indicó que el boicot económico contra Arizona por la ley anti inmigrante SB 1070 le costará 253 millones de dólares en su producción económica y más de 86 millones de dólares en salarios perdidos en los próximos dos a tres años.
La ciudad de Riverside, en Nueva Jersey, gastó 82 mil dólares en abogados y perdió ingresos comerciales por su ahora cancelada ordenanza antiinmigrante que buscaba multar a quienes alquilaban vivienda o contrataban a indocumentados.
Hazelton, en Pensilvania pagó 2.8 millones de dólares para defender su ley anti inmigrante en las cortes, aunque algunos calculan la cifra en cinco millones de dólares, y Farmes Branch, en Texas, gastó 4 millones de dólares.
El condado de Prince William, en Virginia, redujo duras medidas contra los inmigrantes luego de verificar elevados costos para defenderla en corte, mientras que la ciudad de Fremont, en Nevada, aumentó impuestos para cubrir los gastos que podría incurrir en los tribunales.
Mark Potok, del Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur, manifestó que las medidas anti inmigrantes están creando un "sendero de lágrimas" en las comunidades locales y que no existen intentos sinceros de regularizar la inmigración.
Por otro lado, el reporte del Fondo de Educación de America's Voice señaló que republicanos como Lamar Smith, Elton Gallegly y Steve King, que ocuparán importantes puestos en la Cámara de Representantes, intentarán endurecer las leyes de inmigración.
Los republicanos cambiaron el nombre al subcomité de Inmigración, Ciudadanía, Refugiados, Seguridad Fronteriza y Ley Internacional, que ahora se llamará subcomité de Política y Aplicación de la Ley de Inmigración.
El cambio de nombre refleja las nuevas prioridades de los republicanos con un método de "solo aplicación de la ley con la meta de sacar del país a 11 millones de inmigrantes indocumentados y sus familias", denunció el informe.
Precisó que los republicanos justifican sus posiciones al afirmar que buscan la seguridad de los trabajadores estadunidenses, pero que en el pasado han votado en contra de medidas que buscaban favorecer los derechos laborales, como el incremento del salario mínimo.
Smith, Gallegly y King están impulsando políticas de grupos calificados como racistas por el Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur, que en el pasado han culpado a los inmigrantes por el calentamiento global, la crisis de vivienda y el sistema de salud, de acuerdo con el reporte.
Agregó que organizaciones como la "Coalición para el Futuro del Trabajador Estadunidense" están usando el desempleo como una excusa para rechazar a los inmigrantes.
El informe indicó que esas medidas de los republicanos les puede afectar en futuras elecciones entre la creciente población hispana votante y que si no cambia de rumbo, se podría convertir en un partido minoritario y sin posibilidades de ganar la Casa Blanca.
Si los republicanos "están serios" sobre la creación de trabajos, deben apoyar una reforma migratoria integral que permita acceso a servicios médicos y protecciones laborales, dijo en una teleconferencia la vicepresidenta de la central sindical AFL-CIO, Arlene Holt-Baker.
El secretario del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), Eliseo Medina, sostuvo por su parte que espera que el presidente Barack Obama mencione el tema de inmigración en su informe anual de gobierno este martes.
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