“Según estadísticas de la Procuraduría General, en 2011 murieron a manos de la policía 289 personas, frente a las 260 fallecidas en 2010. Los datos indicaban que muchas de estas muertes podrían haber sido homicidios ilegítimos”, explica el informe 2012, en el capítulo relativo a la República Dominicana.
En el informe se critica que las autoridades policales hayan utilizado la fuerza para dispersar a los manifestantes de distintas protesta, además de calificar como discriminación el hecho de que la Junta Central Electoral (JCE) le ha negado documentos de identidad migrantes haitianos y dominicanas de origen haitiano.
“Un estudio realizado por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en cuatro comunidades rurales reveló que la Junta Central Electoral había negado documentos de identidad a por lo menos 1.584 personas”“Un estudio realizado por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en cuatro comunidades rurales reveló que la Junta Central Electoral había negado documentos de identidad a por lo menos 1.584 personas”, revela el informe.
En otra parte, el estudio critica que tras el brote de cólera en Haití, las autoridades dominicanas intensificaron las expulsiones masivas de migrantes haitianos, alegando que era una medida necesaria para impedir la propagación de la enfermedad.
“Según las organizaciones locales que trabajaban con migrantes, durante la operación varios migrantes fueron golpeados, y algunos niños separados de sus padres. Los migrantes muchos de los cuales llevaban más de 10 años viviendo en la comunidad no tuvieron la oportunidad de que se examinaran individualmente sus casos”, indica el informe.
El informe critica que ante el auge de los feminicidios en el país, todavía al finalizar el año 2011 el Congreso estudiaba un proyecto de ley sobre la problemática y la posibilidad de incluirlo como delito específico en el Código Penal.
En cuanto a la libertad de prensa, el informe revela que en agosto del 2011 más de 60 periodistas denunciaron una campaña de desprestigio a cargo de funcionarios del Estado contra periodistas independientes que denunciaban la corrupción y narcotráfico.
“El 2 de agosto, el periodista de televisión José Silvestre fue secuestrado y asesinado en La Romana. Aunque ya había sido agredido y amenazado ese mismo año, las autoridades no le habían proporcionado protección, pese a haberlo solicitado el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa”, explica el informe.
A continuación el capítulo de República Domincana del informe Amnistía Internacional 2012
Policía y fuerzas de seguridad
Según los informes, la policía cometió homicidios ilegítimos. Seguían sin resolverse muchas presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía. Se continuaron negando los documentos de identidad a la población de origen haitiano. La violencia contra mujeres y niñas seguía suscitando gran preocupación.
Información general El Congreso aprobó varias leyes orgánicas reguladoras de las instituciones estatales. Al finalizar el año fueron nombrados miembros de la Suprema Corte de Justicia y del nuevo Tribunal Constitucional. Por décimo año consecutivo, el Congreso siguió sin nombrar a un defensor del Pueblo.
Según estadísticas de la Procuraduría General, en 2011 murieron a manos de la policía 289 personas, frente a las 260 fallecidas en 2010. Los datos indicaban que muchas de estas muertes podrían haber sido homicidios ilegítimos.
Luis Alfredo Domínguez Rodríguez murió a manos de la policía el 26 de enero en Nagua. Su amigo Henry Ortiz, que resultó herido en el mismo incidente, dijo que acababa de detener su motocicleta para que se subiera Luis Alfredo Domínguez Rodríguez cuando se les acercaron cuatro policías en un auto patrulla y, sin advertencia previa, dispararon contra el propio Henry Ortiz cinco veces. A continuación, según el relato de Ortiz, un agente disparó a Luis Alfredo Domínguez Rodríguez después de que otro policía dijera que no querían testigos de los disparos. Luis Alfredo
Domínguez murió pocas horas después. Henry Ortiz estuvo hospitalizado 20 días. Al finalizar el año, tres agentes estaban siendo enjuiciados en relación con los disparos.
Se siguieron conociendo casos de torturas durante interrogatorios policiales y de detenciones arbitrarias masivas.
El 13 de octubre, cinco policías dieron una paliza a Pedro Arias Roja en su casa de San Cristóbal, adonde habían ido a detenerlo por posesión ilegal de un arma de fuego. En la comisaría, los policías le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y lo golpearon. Arias presentó una denuncia, pero al finalizar el año las autoridades no habían iniciado ninguna investigación efectiva.
La policía usó en varias ocasiones fuerza innecesaria o excesiva para dispersar a manifestantes. El 20 de octubre, la policía disparó en la pierna a la estudiante universitaria Claudia Espíritu cuando se manifestaba en la Universidad Autónoma de Santo Domingo contra una ley de presupuestos recién aprobada.
Al menos otros tres estudiantes resultaron heridos por disparos de la policía. Impunidad Muchos presuntos casos de abusos policiales seguían sin ser castigados, pese a la existencia de pruebas fehacientes.
Las autoridades no aclararon las desapariciones forzadas de Gabriel Sandi Alistar y Juan Almonte Herrera. Ambos habían sido vistos por última vez bajo custodia policial en julio y septiembre de 2009, respectivamente, y al finalizar 2011 seguían en paradero desconocido.
Discriminación: personas migrantes haitianas y dominicanas de origen haitiano
Un estudio realizado por el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes en cuatro comunidades rurales reveló que la Junta Central Electoral había negado documentos de identidad a por lo menos 1.584 personas, alegando principalmente una directiva de marzo de 2007; el 96 por ciento de los casos se había producido entre 2005 y 2011, y la mayoría de ellos era de 2011. Alrededor del 72 por ciento de las personas afectadas tenían entre 15 y 34 años. La denegación de documentos de identidad les había impedido de hecho realizar estudios, encontrar empleo u obtener otros documentos oficiales.
El impacto de la directiva de 2007 en miles de dominicanos de origen haitiano se debatió en octubre en una vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cinco días antes, la Junta Central Electoral hizo pública una decisión que permitía la expedición temporal de documentos de identidad a descendientes de ciudadanos extranjeros hasta que concluyeran las investigaciones sobre las alegaciones de que antes de 2007 se habían emitido incorrectamente documentos de identidad.
Sin embargo, según las organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes, la expedición de documentos seguía estando a discreción de funcionarios administrativos que, en muchos casos, continuaban negando los documentos a los dominicanos de origen haitiano.
Derechos de las personas migrantes
En enero, tras un brote de cólera en Haití, las autoridades dominicanas intensificaron las expulsiones masivas de migrantes haitianos, alegando que era una medida necesaria para impedir la propagación de la enfermedad. Pese al llamamiento realizado en junio por dos agencias de la ONU para que se suspendieran por razones humanitarias todas las devoluciones a Haití, las expulsiones masivas continuaron durante el año.
El 20 de septiembre, a las cinco de la madrugada, al menos 80 migrantes haitianos que vivían en Navarrete 362 fueron expulsados a Haití. Según las organizaciones locales que trabajaban con migrantes, durante la operación vario migrantes fueron golpeados, y algunos niños, separados de sus padres. Los migrantes, muchos de los cuales llevaban más de 10 años viviendo en la comunidad, no tuvieron la oportunidad de que se examinaran individualmente sus casos.
Violencia contra mujeres y niñas
Según la Procuraduría General de la República, en 2011 murieron a manos de sus parejas o ex parejas 127 mujeres y niñas, frente a las 97 de 2010. Al finalizar el año, el Congreso examinaba un proyecto de ley sobre femicidio y estudiaba la posibilidad de incluirlo como delito específico en el Código Penal.
Libertad de expresión: periodistas
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, entre enero y agosto 60 periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación sufrieron acoso o agresiones físicas, en muchos casos a manos de la policía. En agosto, más de 60 periodistas denunciaron una campaña de desprestigio a cargo de funcionarios del Estado contra periodistas independientes que informaban sobre corrupción y narcotráfico.
El 2 de agosto, el periodista de televisión José Silvestre fue secuestrado y asesinado en La Romana. Aunque ya había sido agredido y amenazado ese mismo año, las autoridades no le habían proporcionado protección, pese a haberlo solicitado el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa.
Derecho a la vivienda: desalojos forzosos
Según las ONG locales, entre enero y septiembre se llevaron a cabo al menos 100 desalojos forzosos. En la mayoría de los casos no se respetó el proceso debido ni se consultó a las comunidades afectadas.
En varias ocasiones se tuvo noticia de muertes y heridas de bala durante los desalojos. El 15 de octubre, unas 72 familias fueron desalojadas de unos terrenos privados del barrio de Brisas del Este, en Santo Domingo Este.
Según testigos presenciales, la policía y los soldados dispararon perdigones y gas lacrimógeno contra las casas para obligar a las familias a salir. Al finalizar el año, decenas de familias vivían aún en un campamento improvisado en una calle próxima.
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