A la vista de la corte, que ordenó el 30 de diciembre la creación de una comisión que investigue el conocido como “memogate”, acudieron entre otros el líder del partido opositor, el ex primer ministro Nawaz Sharif, y el destituido embajador en Estados Unidos, Husain Haqqani.
Según canales de televisión locales, la comisión pidió la comparecencia también del empresario estadounidense-paquistaní Mansur Ijaz, el primero en revelar el escándalo causado por el caso, que encubre el temor del poder a un golpe de estado militar.
Su abogado arguyó que Ijaz ha recibido amenazas de muerte pero que tramita su visado para testificar a partir del próximo día 25.
El empresario aseguró en noviembre que el exembajador Haqqani le pidió ayuda para trasladar a Estados Unidos un documento secreto.
En el texto se solicitaba supuestamente ayuda al Pentágono si el Ejército paquistaní intentaba un golpe de Estado tras la operación de Estados Unidos que mató a Osama Bin Laden en mayo cerca de Islamabad.
El empresario afirmó haber hecho llegar al Pentágono el documento a petición del exembajador, supuesto autor material del escrito, algo que niega el Gobierno de Pakistán.
Pero el Ejército paquistaní sí ha dado veracidad al documento, y ha pedido al Supremo que investigue el asunto.
El “memogate” ha exacerbado durante las últimas semanas la tensión entre el poder civil y militar, que se han lanzado críticas en público.
Hoy mismo el Parlamento vota una resolución que busca el apoyo formal de la cámara a las instituciones democráticas. El texto, presentado por un partido minoritario integrado en el Gobierno, no supone que se vaya a abrir una moción de confianza sino que busca una declaración formal de los diputados de respaldo al Ejecutivo.
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