Después de Jordi Veras

Susi Pola

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Buscando en la prensa  referencias de “crimen organizado”, encontramos en los medios la preocupación manifestada de autoridades y del pueblo, un buen punto de partida para las reformas legales, ampliamente deseadas y sugeridas, que tipifiquen y sancionen estos delitos.

Es que, en la República Dominicana, como en los países de la región, estamos viviendo una inseguridad que ha cambiado la vida de la ciudadanía, afectando las costumbres y hasta la arquitectura cuando nos circundan los enrejados. Ya no podemos disfrutar de la naturalidad característica de las personas, como el saludo, la “bola”, el comentario levantado con facilidad entre personas extrañas, la puerta abierta para saludar y convocar, la apertura al vecindario, etc., que hoy son una represión de sentimientos marcados, sobre todo, por la permanente desconfianza y cuidado.

A partir del atentado de asesinato de Jordi Veras, sabemos que cualquiera puede ser víctima de la delincuencia organizada, montada encima de una estructura de pirámide “empresarial”, cuya base la conforma una variada gama de delincuentes que por dinero realizan “el trabajo” de matar, y en cuya cúspide, una “gerencia” con dinero, decide la ejecución.

Jordi Veras. 

Las muertes por encargo, definidas como sicariato por la legislación internacional, se ejecutan en nuestro país por venganzas, deudas, celos, disputas familiares, de vecindario, conflictos mal llamados “pasionales”, malquerencias, desconformidades y hasta porque sí, ya que el límite es el dinero que se paga a “los trabajadores” o sicarios. Situación que nos impacta con un sistema jurídico legal débil, sin normativa específica, con altos niveles de impunidad y poco control dentro de la organización político social, caracterizada por altos índices de corrupción y falta de transparencia.

Hasta el presidente de la nación instruyó al Consejo de Seguridad y Defensa para crear un mecanismo especial que castigue el sicariato, con lo que es importante que ese Consejo, tome en cuenta los tres ejes de una reforma: la definición del sicariato como crimen organizado y complejo; la carga de una pena mayor para el autor o autora intelectual, también a definir y la inclusión del cúmulo de penas.

Hay tratadistas y doctrina para consultar y hasta invitar al país, como han hecho otros Estados para la estrategia, pero nadie que trabaje en esto debe olvidar la característica fundamental del sicariato, que es la relación entre  redes criminales y el propio Estado, con funcionarios/as que se dejan corromper y que facilitan la continuidad de la actividad delictiva.

De ahí la importancia, pese a que sea doloroso políticamente, de sancionar por la ley común a policías, militares, funcionarios/as y hasta legisladores/as implicados, que los hay. ¡Sería el mejor comienzo!