La noticia reciente del despido de cientos de trabajadores de la cadena de restaurantes de comida mexicana Chipotle Mexican Grill Inc., tras una "redada digital" del servicio de inmigración, encendió las alarmas en la comunidad inmigrante.
Este jueves, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que envió notificaciones de inspección a 1,000 empresas en Estados Unidos y advirtió que los agentes examinarán con especial esmero los documentos de contratación para detectar la posible presencia de indocumentados.
Las "redadas digitales" o "redadas silenciosas" se incrementaron a mediados de 2009 y forman parte de la política migratoria de la Administración del Presidente Barack Obama. A partir de entonces, se han ejecutado más de 3 mil inspecciones y se han investigado a miles de trabajadores y emitido multas por más de $7 millones.
Entre las empresas más reconocidas donde se han efectuado este tipo de batidas se encuentran las cadenas Walmart y McDonalds, la fabricante de rosquillas Krispy Kreme y las tiendas de ropa Abercrombie and Fitch, pero cualquier empresa por pequeña que sea está expuesta a ser verificada.
¿Qué pasa con los despedidos? ¿Son confiables los datos del gobierno? Si hay despidos injustificados, ¿qué puede hacer un trabajador afectado?
No son iguales, pero…
A diferencia de las batidas tradicionales, donde cientos de agentes federales llegaban a un lugar, lo cercaban y procedían a arrestar a los empleados que no pudieran demostrar que tenían papeles para vivir y laborar en el país, ahora una unidad especial de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) revisa los datos de identidad de millones de trabajadores y compara sus identidades en una gigantesca base de datos que opera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Si cualquiera de los datos del empleado no concuerda con la información del gobierno, el empleador recibirá una carta del DHS advirtiéndole del problema. Y si el trabajador no aclara la diferencia, es despedido y el patrono se libra de una multa.
Pero la pregunta es: ¿Y si los datos almacenados por el gobierno no estaban correctos? ¿Qué ocurre con los derechos del trabajador despedido?
Cuestionan los datos
"Nos cuestionamos si la información guardada por el Gobierno federal está correcta", advirtió Juan Vega, Coordinador de Inmigración del Centro Latino de Chelsea, Boston, Massachussetts. "Hemos visto muchos casos en el pasado reciente que el sistema de datos federal está lleno de errores y ha originado toma de decisiones que en muchos casos no son legales".
Uno de esos casos fue el polémico programa federal No Match (No Concordancia) surgido en 2007 bajo la administración del ex presidente George W. Bush. Consistía en verificar la identidad de los trabajadores con la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA). SI la información no coincidía, el trabajador recibía una carta y se le fijaba un plazo para aclarar el error. SI no respondía dentro de un plazo de hasta 90 días, el empleador procedía a su despido y el servicio de inmigración lo arrestaba y le iniciaba un proceso de deportación.
Fallo judicial
Una demanda entablada por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) permitió que una corte de California congelara el proyecto porque su ejecución podía causar "muchas dificultades" a las empresas y a sus empleados, y porque los demandantes demostraron "que serán dañados de manera irreparable [los derechos de trabajadores] si (...) se permitía implementar la norma".
El gobierno insistió y logró, al fin de cuentas, imponer un método alterno que tiene el mismo propósito: frenar la inmigración indocumentada. Fortaleció el programa conocido como E.Verify, en el que los empleadores, de manera voluntaria, se inscriben a través de Internet y, por medio del Formulario I-9, le piden a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que verifique la identidad del trabajador.
Durante el proceso la USCIS consulta las bases de datos del DHS, el SSA y el FBI. Si aparece una anomalía o un dato diferente, el DFHS le notifica al empleador y éste a su vez al trabajador, quien tiene un plazo de hasta 90 días para aclarar el problema.
“Una de nuestras principales dudas viene cuando nos preguntamos si las empresas están dejándose llevar las informaciones del gobierno y si tenemos la certeza que esos datos son correctos. No tenemos certidumbre si las informaciones almacenadas por el USCIS están cien por ciento actualizadas", advirtió Vega.
"Si hay un error y la persona fue despedida erróneamente, ¿cómo reclaman sus derechos?”, se preguntó el activista. “También da lugar a que se incrementen los abusos por parte de empleadores inescrupulosos”, agregó.
Las "redadas digitales" o "redadas silenciosas" se incrementaron a mediados de 2009 y forman parte de la política migratoria de la Administración del Presidente Barack Obama. A partir de entonces, se han ejecutado más de 3 mil inspecciones y se han investigado a miles de trabajadores y emitido multas por más de $7 millones.
Entre las empresas más reconocidas donde se han efectuado este tipo de batidas se encuentran las cadenas Walmart y McDonalds, la fabricante de rosquillas Krispy Kreme y las tiendas de ropa Abercrombie and Fitch, pero cualquier empresa por pequeña que sea está expuesta a ser verificada.
¿Qué pasa con los despedidos? ¿Son confiables los datos del gobierno? Si hay despidos injustificados, ¿qué puede hacer un trabajador afectado?
No son iguales, pero…
A diferencia de las batidas tradicionales, donde cientos de agentes federales llegaban a un lugar, lo cercaban y procedían a arrestar a los empleados que no pudieran demostrar que tenían papeles para vivir y laborar en el país, ahora una unidad especial de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE) revisa los datos de identidad de millones de trabajadores y compara sus identidades en una gigantesca base de datos que opera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Si cualquiera de los datos del empleado no concuerda con la información del gobierno, el empleador recibirá una carta del DHS advirtiéndole del problema. Y si el trabajador no aclara la diferencia, es despedido y el patrono se libra de una multa.
Pero la pregunta es: ¿Y si los datos almacenados por el gobierno no estaban correctos? ¿Qué ocurre con los derechos del trabajador despedido?
Cuestionan los datos
"Nos cuestionamos si la información guardada por el Gobierno federal está correcta", advirtió Juan Vega, Coordinador de Inmigración del Centro Latino de Chelsea, Boston, Massachussetts. "Hemos visto muchos casos en el pasado reciente que el sistema de datos federal está lleno de errores y ha originado toma de decisiones que en muchos casos no son legales".
Uno de esos casos fue el polémico programa federal No Match (No Concordancia) surgido en 2007 bajo la administración del ex presidente George W. Bush. Consistía en verificar la identidad de los trabajadores con la base de datos de la Administración del Seguro Social (SSA). SI la información no coincidía, el trabajador recibía una carta y se le fijaba un plazo para aclarar el error. SI no respondía dentro de un plazo de hasta 90 días, el empleador procedía a su despido y el servicio de inmigración lo arrestaba y le iniciaba un proceso de deportación.
Fallo judicial
Una demanda entablada por la Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) permitió que una corte de California congelara el proyecto porque su ejecución podía causar "muchas dificultades" a las empresas y a sus empleados, y porque los demandantes demostraron "que serán dañados de manera irreparable [los derechos de trabajadores] si (...) se permitía implementar la norma".
El gobierno insistió y logró, al fin de cuentas, imponer un método alterno que tiene el mismo propósito: frenar la inmigración indocumentada. Fortaleció el programa conocido como E.Verify, en el que los empleadores, de manera voluntaria, se inscriben a través de Internet y, por medio del Formulario I-9, le piden a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) que verifique la identidad del trabajador.
Durante el proceso la USCIS consulta las bases de datos del DHS, el SSA y el FBI. Si aparece una anomalía o un dato diferente, el DFHS le notifica al empleador y éste a su vez al trabajador, quien tiene un plazo de hasta 90 días para aclarar el problema.
“Una de nuestras principales dudas viene cuando nos preguntamos si las empresas están dejándose llevar las informaciones del gobierno y si tenemos la certeza que esos datos son correctos. No tenemos certidumbre si las informaciones almacenadas por el USCIS están cien por ciento actualizadas", advirtió Vega.
"Si hay un error y la persona fue despedida erróneamente, ¿cómo reclaman sus derechos?”, se preguntó el activista. “También da lugar a que se incrementen los abusos por parte de empleadores inescrupulosos”, agregó.
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