La aprobación del P del S 2627 crearía una nueva crisis en Puerto Rico
San Juan: 30 de mayo del 2012. El presidente del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de Puerto Rico (CICAP), doctor Eduardo Ibarra señaló que los empleos de más de 7,000 Trabajadoras y Trabajadores Sociales se encuentran en serio peligro de ser aprobado el proyecto del Senado 2627, el cual fue radicado por petición de la Junta Examinadora de Trabajo Social de Puerto Rico. Tanto Ibarra como la actual Presidenta de la Junta de Directores del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico, licenciada Gloria Rivera Centeno, coincidieron en que si bien la ley actual tiene que ser revisada para que responda a las realidades actuales de la profesión, ello debe de ser realizado llevando a cabo un proceso de interconsulta con todas las partes y sectores involucrados y un profundo análisis sobre todos y cada uno de los aspectos que intervienen en el ejercicio de la misma.
“CICAP, agrupa a 32 colegios y asociaciones profesionales cuya matrícula acumula a más de 200,000 miembros y socios. El proyecto 2627 de ser aprobado según su actual contenido añadiría de súbito injustas cargas económicas a esos profesionales, miles de ellos podrían perder sus empleos actuales al imponérseles sin más consideración nuevos requisitos para mantener sus licencias, se afectaría adversamente el futuro de miles de sacrificados estudiantes de Trabajo Social y el de sus familias al imponer nuevas acreditaciones a las instituciones en que ellos cursan sus estudios. La medida afectaría además a todo Puerto Rico al disminuir dramáticamente y de imprevisto la cantidad de estos profesionales debido al cúmulo de nuevos requisitos que les impondrían. Se les pondrían impedimentos para mantener sus trabajos incluso a aquellos que actualmente ejercen con bachillerato y son cualificados como peritos a base de las Reglas de Evidencia” apuntó Ibarra.
“Nos parece que en los difíciles momentos en que se encuentra la economía de Puerto Rico, es totalmente inaceptable que se ponga en riesgo el bienestar de 7,000 de nuestras familias al imponer repentinamente, sin más consideración y en forma unilateral nuevas regulaciones sin contar con la participación democrática, educada y sensata de las partes afectadas”, concluyó Ibarra.
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