Nueva York – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy un acuerdo de varios millones de dólares con el Banco Espírito Santo SA (BES) para resolver una investigación sobre la solicitud y la venta de valores por parte de BES y sus afiliados a sus clientes en EE.UU. sin registrar el banco o sus afiliados como asesor de inversiones o corredor de bolsa, o cualquiera de sus empleados como vendedores, según lo dispuesto en la Ley Martin de Nueva York.
Según el acuerdo, BES cesa y desiste cualquier violación adicional de la Ley de Martin y la Ley Ejecutiva § 63 (12), ofrece resarcir a sus clientes por los valores que les vendió ilegalmente, restituir todos los beneficios derivados de su conducta ilícita, y pagar $975,000 dólares para el Estado de Nueva York en multas, honorarios y costos.
"El anuncio de hoy envía un claro mensaje de que solicitar y la venta de valores en Nueva York sin registrarse según lo dispuesto en la Ley Martin no será tolerado bajo ninguna circunstancia", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi oficina continuará protegiendo a los inversionistas y la integridad de los mercados financieros de Nueva York a toda costa".
De noviembre de 2004 hasta noviembre de 2009, el BES y algunas de sus filiales dentro y fuera de los EE.UU. vendieron a sus clientes de EE.UU., incluyendo a los clientes en Nueva York, una gran variedad de productos de inversión que están calificados como de valores bajo la ley federal y estatal, incluyendo la Ley Martin.
BES y sus filiales llevaron a cabo estas operaciones de valores a través de un centro de llamadas en Lisboa, y sucursales del BES en Portugal y Madeira, mediante solicitudes por correo directo y por dos gerentes asignados manejar las relaciones con clientes en EE.UU., un agente de envíos de dinero ubicado en Nueva Jersey, y otros siete afiliados BES con sede en Portugal y en otros lugares fuera de los EE.UU.
En última instancia, vendió más de $ 110 millones de títulos de valores a 524 residentes del Estado de Nueva York sin registrarse para hacerlo.
La Ley Martin requiere que cualquier entidad que recomienda, proponga o efectúa la compra o venta de valores, o que proporciona recomendaciones de inversión, se registre con el Fiscalía General como corredor de bolsa o asesor de inversiones, y cualquier persona que ejecuta las operaciones con valores debe estar registrada como vendedor. BES y sus afiliados y sus empleados solicitaron y efectuaron las operaciones con valores, y brindaron asesoramiento de inversión. Sin embargo, ninguna de las entidades involucradas se BES en ningún momento se registrado con la Fiscalía General, o en cualquier lugar en los EE.UU., como corredores de valores de bolsa o asesores de inversiones. Tampoco se estaban sus empleados registrados ante el Fiscal General, o en cualquier lugar en los EE.UU., como vendedores o agentes de bolsa.
Además, la investigación de la Fiscalía reveló que los altos ejecutivos de BES eligieron conscientemente realizar las actividades de BES relacionadas con títulos de valores en los EE.UU. sin cumplir con los requisitos de registro federal o estatal, incluso después de que esos requisitos fueron traídos a colación específicamente.
La Oficina del Fiscal General lanzó su investigación en mayo de 2010, después que BES auto-reportara los resultados de una investigación interna realizada por su asesor legal externo. BES también brindó cooperación a la Fiscalía General como parte de sus esfuerzos para hacer frente a su falta de cumplimiento con las leyes aplicables, y se comprometió a compensar a los clientes de EE.UU. afectados.
Al anunciar el acuerdo de hoy, el Fiscal General se unió a la Oficina Regional de la Comisión de la Bolsa de Valores del Noreste de los EE.UU. ("SEC"), que al mismo tiempo anunció la solución de una investigación paralela que llevó a cabo sobre la conducta del BES.
El Fiscal General agradeció al personal de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, por su cooperación para llevar este asunto a una resolución adecuada. El Fiscal General realizo el acuerdo simultáneamente con la SEC, en parte, porque los dos acuerdos son los primeros que requieren al BES a restituir los beneficios a partir de sus actividades no registradas. El acuerdo del Fiscal General permite devoluciones del BES de comisiones de ventas en todo el país a la SEC para compensar las sumas adeudadas al Estado de Nueva York.
El Fiscal General no puede sobreestimar la importancia del registro bajo la Ley de Martin, o la gravedad de la infracción BES en evitar los requisitos de registro de Nueva York y otras jurisdicciones de EE.UU.. Junto con su falta de registro, el BES no reporto las quejas de los inversionistas a la Fiscalía General o cualquier regulador de valores federales o estatales que requeriría que BES cumpla con la ley. Este reporte es esencial para la capacidad de la Fiscalía General y sus colegas del estado federal y para lograr el objetivo de protección de los inversores, y subraya la importancia de la registración de los agentes de bolsa y asesores de inversión.
Evitar el escrutinio de los reguladores, como en este caso, normalmente resulta en la imposición de una pena alta. La pena comparativamente baja contra BES por el Fiscal General aquí da crédito de la significativa cooperación y auto-informes del BES con la investigación del Fiscal General, la toma proactiva de medidas reparación para su gestión y las operaciones dirigidas a la prevención de tales conductas en el futuro, y su compromiso desde el principio para compensar a los clientes afectados.
BES banco comercial de Euronext con sede en Lisboa, Portugal, que se cotiza en bolsa de valores, Portugal, con más de 700 sucursales en todo Portugal y otros países, incluyendo Nueva York. BES y sus subsidiarias ofrecen una variedad de productos financieros, como banca, inversiones, jubilación y seguro, a sus clientes en todo el mundo, incluyendo a los clientes en los EE.UU. Al 31 de diciembre de 2010, los activos totales BES fueron de aproximadamente $105 mil millones de euro, o $ 140 mil millones de dólares.
La investigación fue realizada por la Fiscal General Adjunta Armen Morian bajo la supervisión del Jefe de la Oficina de Protección al Inversionista Marc. B. Menor y la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Económica, Karla G. Sánchez.
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